domingo, 7 de septiembre de 2014

La Frontera Colombo-Venezolana

    Una de las fronteras mas activas del continente americano, donde dia a dia el contrabando persiste y se acrecienta sin medir consecuencias. El Norte de Santader de Colombia y el Estado Táchira en Venezuela separados por la presencia del puente internacional simón bolívar dan testimonio del negocio existente en cada tramo de la travesía fronteriza, el soborno por parte de  funcionarios de la guardia nacional bolivariana es una vergüenza para  todo venezolano, prestarse para el trafico de gasolina y productos escasos a cambio de una tarifa monetaria es prueba de la corrupción establecida, cada día esos funcionarios cometen un delito que no es castigado y su comisión aumenta siendo mayor la cantidad de funcionarios que lo realizan sin que el ente gubernamental investigue y sancione, por otro lado están los denominados bachaqueros, que son individuos de nacionalidad colombiana o en su defecto venezolana  que compran en Venezuela y revenden en Colombia, esto gracias al cambio del bolívar - peso colombiano, ya que el bolívar esta por debajo del peso colombiano consecuencia de la creciente inflación que azota al territorio venezolano cada año, al comprar a costo bajo en Venezuela y revender en Colombia, el porcentaje de ganancia para los bachaqueros es  satisfactorio, por esa razón esta practica se ha vuelto un constante e innovador método para la obtención de dinero , aumentando la demanda pues cada vez son mas las personas que se unen a esta ilícita actividad, pero como pueden traficar este grupo de personas gasolina , comidas y artefactos, si la frontera  debe estar custodiada por la transparente GNB? La respuesta es simple, estos funcionarios se prestan y son pieza fundamental para el negocio de tráfico ilegal, pero además de prestarse obtienen altas ganancias, cobran una prima a esos denominados bachaqueros y traficantes de gasolina cada vez que salen del país con la mercancía o su tanque lleno de gasolina. Por que no los detienen y sancionan? Por que no evitan esas ilicitudes si es su deber? será  porque las ganancias del negocio son mas altas que sus sueldos o simplemente son meros delincuentes y no funcionarios comprometidos, lo cierto es que el negocio ya está instaurado y lo mas grave del asunto es la escasez que  fustiga al Estado Tachira por permitirse este tipo de conductas y adentrarse en ellas. 


   El gobierno Venezolano ha tratado de tomar medidas para resolver el problema, medidas en su mayoría equivocadas, una de ellas ha sido el cierre de la frontera de diez de la noche a cinco de la madrugada, error grave, si antes en Venezuela escaseaba  ahora va a escasear  peor, ya que todo se retrasa,  lo que Colombia surte a Venezuela por vía de fronteriza tardara por causa de la obstrucción de siete horas que se mantiene clausurada la frontera, esa paralización  no conviene a Venezuela y menos a la  delicada situación actual, pero lo realmente  irónico es que es el gobierno venezolano quien toma esa  clase de medidas sin antes revisar sus consecuencias,  el problema no se va a solucionar cerrando la frontera, el fondo del asunto  es la mafia fortalecida  que se ha instaurado,  siendo menester indicar que  la primera medida ha tomar debe ser una investigación a fondo de cada funcionario venezolano que ha ejercido un cargo en la frontera, investigar sus bienes, sus cuentas bancarias, siendo estos funcionarios los primeros responsables en permitir el desarrollo frecuente de esa actividad ilícita, y de haber pruebas contundentes sancionar a estos individuos. Ahora claramente no es un secreto lo  incomodo que resulta  para el gobierno  castigar por muy delincuentes que sean, a quienes los han mantenido en el poder, es complicado ir en contra de quienes desempeñan un papel clave en la persistencia de un modelo de gobierno y aprovechan la grave situación económica para desvalijar a los necesitados, no puede un gobierno con quince años en el poder  gracias a un militar comenzar a perseguir militares, y si el poder publico es indiferente a esos actos ilícitos, los ciudadanos sin muchos ánimos callan esas injusticias, siendo competencia del sistema judicial encargarse de investigar los delitos y castigar su comisión pero si esté no ejerce su labor, se deduce entonces lo complejo que viene siendo que un conjunto de ciudadanos alce su voz en un país donde por protestar reina la represión y violencia. 


   Objetivamente es oportuno reseñar que un negocio cuando adquiere fortaleza y auge no desciende fácilmente, el contrabando es uno de ellos, los contrabandistas se afianzan de manera progresiva y si  detentan apoyo militar, es decir, si hay presencia de corrupción, es aun mas difícil de derribar. El poder judicial puede apresar a una gran cantidad de contrabandistas pero el negocio seguirá existiendo mientras la moneda este devaluada y haya complicidad por parte de  un ente del estado, se puede equiparar este hecho  a una situación que aqueja mayormente al estado colombiano denominado  el narcotráfico, y es que este negocio ilegal no se llevaría a cabo sin el consentimiento de un gran grupo de funcionarios del estado que dan licencia y obtienen también como en el  caso del contrabando una ganancia significativa de él,  individuos corruptos que sacan un beneficio gracias al estatus que representan,  funcionarios terrestres, marítimos y de la aviación contribuyen y protegen a poderosos narcotraficantes a cambio de un bono económico. Esto deja una cuestión clara y es que cerrando fronteras,  deteriorando relaciones internacionales o apresando a miles de individuos, lo estados no fundan una solución coherente para tan amplio dilema, este debe ser  examinado a fondo, desde su estructura base,  indagando las fallas que hacen posible el crecimiento de tan considerable problema, para de esta forma llegar a la correcta reparación de un sistema fronterizo al borde del abismo. Por ultimo es necesario que sea el ciudadano común quien se comprometa a no ser una voz silente sino al contrario comentar este problema en la comunidad hasta llegar a escucharse en las altas esferas gubernamentales, porque siempre va ser el habitante común del territorio nacional el perjudicado directo por  la toma de decisiones equivocadas.